Juan Carlos Archila, presidente de Claro Móvil, asegura que las sanciones contra la compañía están mediatizadas y “le están haciendo mucho daño a la imagen de la empresa”. Claro (antes Comcel) recibió en 2011 multas por $2.000 millones pero solo terminó pagando $300 millones, asegura Archila.
La sanción, por quinta vez, a Comcel (hoy Claro Móvil) por vender celulares con las bandas cerradas es un episodio más en una serie de asuntos con los que lidia la firma.
Por ejemplo, está congelada una decisión de la Comisión de Regulación de Comunicación para estimular la competencia, que puede afectar a Claro, y la Contraloría investiga si Télmex (hoy también parte de Claro) reportó menos suscriptores de TV por cable.
El presidente de la compañía, Juan Carlos Archila, aseguró que “se le está haciendo mucho daño a la imagen de la empresa”. Las actuaciones, reconoce, “tienen bases razonables”, pero “sus procedimientos no son tan sólidos como debían ser”.
La sanción del miércoles de la SIC por vender teléfonos bloqueados o no reaccionar de manera inmediata a la apertura de bandas cuando el usuario lo exige acarreó una multa de 283’350.000 pesos.
Según Archila, “Comcel importa el 80 por ciento de los celulares que entran legalmente, por lo que para el primero de octubre de 2011 teníamos alrededor de 2’500.000 equipos distribuidos por el país –con las bandas cerradas– y así se lo informamos a la CRC”.
Archila señala que “desde ese día comenzamos a enviar los teléfonos desbloqueados, pero muchas veces los aparatos no se venden; de ahí la razón por la que nos multaron cinco veces.
Además, esta situación inevitablemente va a seguir pasando”.
La SIC también le abrió hace dos semanas una investigación formal por “distorsionar de manera artificial las cifras –de la portabilidad numérica– mediante portaciones masivas donde al parecer no existe un usuario adelantando dicho proceso” y, supuestamente, impedir el traslado de abonados a otros operadores.
Según la apertura de la investigación, Comcel habría llevado a cabo esta práctica “con el aparente fin de mostrar a los usuarios móviles que su red se está viendo beneficiada con la portabilidad numérica”.
Al respecto, Archila dice: “Encontramos que efectivamente algunas personas de la red de distribución tomaron provecho de los incentivos que les dimos y se pusieron a portar líneas”, y ahora trabajan para “que ese tipo de situaciones no se dé”.
También indagan en televisión
En otros casos, el Tribunal Andino abrió un pliego contra la Nación porque el Consejo de Estado no anuló una decisión que obligó a ETB a pagar 200.000 millones de pesos a Comcel.
El 3 de mayo, la SIC sancionó a Comcel por “publicidad engañosa” al ofrecer Internet móvil 4G sin entregar información suficiente sobre la capacidad del servicio.
La Contraloría investiga desde febrero a Télmex (hoy Claro Fijo) por un supuesto subreporte de usuarios que corresponde a 36.000 millones de pesos, lo que le podría acarrear incluso la pérdida de la licencia en caso de comprobarse alguna irregularidad.
Archila dijo que, al contrario, Claro se ha dedicado a formalizar la situación de varios de los pequeños operadores de televisión por suscripción que compró.
Pulso sobre competencia
Medidas sobre competencia, y que pueden afectar a Claro, están pendientes, pues la Procuraduría debe definir si el recusado director de la CRC, Carlos Andrés Rebellón, puede participar en ellas. Las decisiones traerían cambios en los pagos de interconexión entre operadores y el monitoreo de las actividades comerciales del antiguo Comcel, antes de que se presenten sus planes y ofertas al mercado. Hace dos años, Comcel fue declarado ‘operador dominante’ por su tamaño y se tomaron algunas medidas para “estimular la competencia”, pero no funcionaron.
El proceso para medidas adicionales se detuvo cuando Comcel recusó en enero a Rebellón por haber sido asesor de UNE. La Procuraduría, la SIC y el Ministerio de las TIC se abstuvieron de tomar una decisión.
Finalmente, el Consejo de Estado resolvió que la Procuraduría es la competente para definir si Rebellón está habilitado para participar en las decisiones.
Sanciones ‘mediatizadas’
Archila dice que se están mediatizando procesos y sanciones que probablemente en una segunda instancia le den la razón a la compañía. Según el ejecutivo, el año pasado “a Comcel lo multaron por 2.000 millones y solo terminó pagando 300 millones después de presentar nuestras evidencias”.
Fuente: El Tiempo Edición Impresa – Agosto 8 de 2012
