El Gobierno colombiano ha acelerado la búsqueda de posibles interesados para su participación del 32,5% en ColTel (Movistar Colombia). En concreto, el Ejecutivo que lidera Juan Manuel Santos ha encargado la tarea de búsqueda y asesoramiento a diversos bancos colocadores.
El objetivo prioritario del Gobierno colombiano consiste en abandonar el negocio compartido desde hace 11 años con Telefónica, quien a su vez posee el 67,5% restante del capital de ColTel.
Las alternativas de Colombia para poner en valor su participación en ColTel pasan por convencer a algún fondo o grupo interesado en entrar en la compañía. Ese no es el caso de Telefónica, socio que no prevé incrementar su participación en aquella filial. Otra posibilidad del Ejecutivo colombiano consiste en sacar a bolsa su porcentaje en ColTel, operación que siempre debería contar con el visto bueno de Telefónica.
La situación de tensión que sufría Telefónica en Colombia durante buena parte del año se suavizó a finales del pasado agosto, una vez aprobada la inyección de capital por importe de 1.842 millones de euros. En ella contribuyeron proporcionalmente Telefónica (con 1.243 millones de euros) y el Gobierno colombiano (con 599 millones de euros). Con dichos fondos, el grupo español despejó los dos grandes obstáculos que le acuciaban en aquel país: el pago de 452 millones de euros impuesto por un tribunal de arbitraje por la reversión de activos de telefonía móvil; y el abono de las pensiones pendientes de 16.000 extrabajadores de ColTel, por importe de 1.370 millones de euros.
Hasta la ejecución de la última ampliación de capital, Telefónica Colombia se encontraba en causa de disolución por la deuda contraída por el pago de las referidas obligaciones con exempleados de la compañía. Esa situación ya se ha normalizado con un elevado coste económico para el operador español. También resultó oneroso el laudo dictado por Tribunal de Arbitramiento de la Cámara de Comercio, que instaba a Telefónica a la devolución del valor de unos activos básicos para la actividad de telefonía móvil, que fueron concedidos hace 24 años, tasados en los referidos 452 millones de euros.
Sobre este último contencioso, Telefónica mantiene abierta la defensa de sus intereses, primero a través de los tribunales locales y, después, con la opción de acudir en los próximos meses al propio Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi). Este último recurso todavía no se ha activado debido a los acuerdos bilaterales que mantiene España con Colombia y que brinda un plazo extraordinario al Ejecutivo colombiano para resolver las diferencias con empresas españolas antes de implicar al organismo dependiente del Banco Mundial.
El Gobierno colombiano ya había mostrado su deseo de abandonar el operador compartido con Telefónica. El propio ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, indicó el pasado agosto a los medios de comunicación que "la nación no tiene vocación de permanencia en el negocio de telefonía móvil" y que "el 32,5% de propiedad en Coltel debe ser enajenada", ya que "es el sector privado quien debe tener ese papel, mientras que el Gobierno debe actuar como regulador", recalcó.
Fuente: El Economista – Diciembre 12 de 2017
