Este sábado se cumpliò un lustro de su llegada sin que hayan acordado un marco para su operación. Mientras continúa el limbo, la plataforma Uber sigue ampliando su portafolio de servicios y se alista ahora a pagar IVA.
Uber ¿es legal o ilegal? Luego de cinco años, la pregunta sigue sin obtener una respuesta, y esa incongruencia ha abierto las puertas a vulnerabilidades para usuarios y conductores. Por años, a la vez que defendió el derecho de la app para funcionar, amparada en la neutralidad en la red, el Gobierno Nacional –en la era Santos– la calificó de ilegal, y la Policía persiguió tanto a quienes la usan en calidad de clientes como a quienes derivan de ella su sustento. Eso no ha impedido que la empresa paute en medios, amplíe su portafolio y se aliste para pagar millones en IVA.
Con la llegada del gobierno de Iván Duque empiezan a respirarse nuevos aires. De un lado, Uber ha manifestado su interés por sentarse a hablar de nuevo sobre la regulación. Y del otro, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, abrió las puertas a una regulación basada en la sana competencia y el equilibrio con las condiciones que sí cumplen los taxis amarillos.
Pero aún nada ha pasado en concreto. Aunque en rigor mantiene su condición de ilegal, el servicio de Uber comenzará muy pronto a pagar IVA (ver recuadro). La reciente aprobación de nuevas reglas de juego para el pago de impuestos en Colombia abre la puerta para que Uber desembolse el dinero que ha venido recaudando desde la aprobación de la reforma tributaria del 2016. Un vocero de la empresa no quiso cuantificar con precisión el monto que se aprestan a entregar al Estado, pero indicó que “bastaría para pagar un megacolegio o varios kilómetros de vías terciarias”.
Sin importar su posición en el debate, las partes siguen sin respuestas a sus preguntas: ¿Por qué se permite la operación de un servicio que se describe como equivalente a la piratería? ¿Cómo puede ser ilegal un servicio por el que el Estado recibe un tributo? ¿Cuánto tiempo más tendrán que esconderse quienes hacen uso de una modalidad de transporte que en otras latitudes se utiliza abiertamente, en carros claramente identificados? ¿Va la legislación colombiana en contravía de los principios de la misma economía colaborativa que es bandera del nuevo Gobierno? ¿Está en capacidad el estamento político colombiano de ajustarse al avance tecnológico? ¿O seguirá el país legislando en contra de la innovación, una vía que para muchos equivaldría, por ejemplo, a haber prohibido en su momento la llegada de cámaras digitales para proteger el negocio de Foto Japón?
Un limbo peligroso
‘Conozca Uber, la aplicación móvil para solicitar taxis VIP’. Así presentaba EL TIEMPO, en una nota de la sección de Tecnología del 30 de octubre de 2013, la noticia que presentaba la llegada al país de una app que prometía contribuir “a reducir los índices de inseguridad de la ciudad” al habilitar una flota de conductores profesionales, con antecedentes “minuciosamente investigados”, a bordo de cómodos carros blancos.
El uso de apps para modernizar el servicio de transporte no era por entonces ninguna novedad. Tappsi contaba ya con más de medio millón de usuarios, y tanto ellos como Easy Taxi llevaban más de un año. Antes de que comenzara la polémica que llegó a asociarse con su nombre, Uber ya había delegado a un vocero para América Latina que decía cosas como: “No somos una empresa de transporte público, somos una compañía desarrolladora de software”.
Pero la polémica llegó, y muy pronto los carros blancos de Uber comenzaron a ser vistos por los taxistas de las ciudades en donde operaba el servicio como una forma de competencia desleal. El año 2014 fue para la compañía, con sede en San Francisco (EE. UU.), un periodo de agresiva expansión, en el que las batallas legales y las manifestaciones de rechazo se volvieron más y más comunes. Su servicio UberPop fue prohibido en Bélgica y Alemania, su operación fue considerada ilegal por las autoridades surcoreanas y fue prohibida en España y Tailandia. Ciudades europeas como Londres y París vivieron masivas manifestaciones de rechazo de los taxistas.
En Colombia, la entonces ministra de Transporte, Natalia Abello, fijó una postura oficial de rechazo al determinar que solo empresas de transporte reconocidas por esa cartera podían usar plataformas tecnológicas para gestionar sus operaciones. Uber y servicios similares, dijo, no pueden ser considerados legales. La Superintendencia de Puertos y Transporte abrió una investigación.
Eso no impidió que Uber siguiera operando. De hecho, en sus cinco años de existencia, al tiempo que desde las más altas oficinas del Gobierno Nacional se la calificaba de ilegal, la empresa inauguró su servicio UberX –que hace uso de carros particulares–, empezó a recibir pagos en efectivo, aumentó su portafolio para ofrecer domicilios (UberEATS) y viajes compartidos (UberPOOL), y hasta se permitió habilitar un modo para darles propinas a los conductores.
De hecho, la posición del Ministerio de las TIC al final del gobierno de Santos era tajante: la economía digital es política pública en Colombia, y el principio de neutralidad en la red hace impensable bloquear una plataforma o aplicación a menos que vaya en contravía de una ley, como sería el caso de páginas de pornografía infantil o juegos de azar.
Hoy, 2,3 millones de colombianos usan a diario Uber, cuya flota de conductores se acerca a los 90.000. La empresa dice que cada uno puede ganar por encima de los 2,5 millones de pesos, aunque muchos se quejan de que para eso hay que trabajar turnos de 12 o más horas, y de que la compañía descuente una porción del 25 por ciento a cada carrera.
Y mientras opera en ese limbo, Uber sigue pensando en extender sus alcances en Colombia. Modelos como Uber Bike (un servicio de alquiler bicicletas eléctricas) o Uber Freight (especializado en transporte de carga) podrían ser los próximos. La firma sueña con un futuro en el que, incluso, los carros sin conductor y los autos voladores –de Uber– tengan un lugar y en el que el transporte en ciudades como Bogotá, Medellín o Nueva York sea impensable sin su plataforma.
Vía libre al IVA para plataformas
El pago de impuestos por las plataformas internacionales que prestan servicios en Colombia –como Uber, Netflix o Spotify– estrena nuevas reglas de juego. La Dian le dio vía libre a la reglamentación para que los operadores puedan pagar el impuesto al valor agregado (IVA), con lo cual tendrán que presentar la declaración de ese impuesto y pagar cada dos meses. Lorenzo Castillo, subdirector de Gestión de Normativa y Doctrina de la Dian, explicó que “las plataformas deberían estar cobrando IVA desde el 1.° de julio del 2018” y que la resolución que se expidió establece cómo deben cumplir con la obligación de pagar.
Fuente: Portafolio – Octubre 29 de 2018
