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Vie, Mar

Telecomunicaciones

El país vivió en 2020 el que quizás puede catalogarse como uno de los años más complicados de la era moderna, no solo por la pandemia, sino por la difícil situación de orden público y el retroceso económico.

El Gobierno nacional proyectó que en el transcurso del año realizaría la enajenación de activos por $6,2 billones, sin embargo, ante la llegada de la pandemia y las claras condiciones del mercado por los mínimos históricos al que llegaron muchas compañías, fue necesario retractarse.

De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), “la reducción de los excedentes financieros será contrarrestada por el componente de otros ingresos, el cual contempla recursos por 1,1 % del PIB de privatizaciones para 2021”.

El Estado tiene participación en 105 empresas por un valor superior a los $170 billones, entre esas se encuentra Telefónica. El Gobierno presentó una serie de requisitos para la venta de participación accionaria en empresas públicas o privadas, por ejemplo, los dueños de dichas empresas deben comprometerse a recomprar las acciones que fueron adquiridas por el Estado en un plazo determinado o como segunda opción, venderlas.

Por ende, para enajenar los activos y con el fin de ganar liquidez, la decisión debe ser con base en un estudio técnico, que incluya la valoración de cada entidad, de la cual el Estado busque enajenar su participación y determinar las condiciones para salvaguardar el patrimonio público.

Esta no es la primera vez que el Estado tiene la intención de enajenar el 32,5 % de los activos que posee de Telefónica, en el 2018 lo intentaron, pero la falta de interés de los inversores provocó que no se pudiera efectuar.

En ese momento la empresa fue valorada en más de 2.130 millones de euros, tras la contratación del consorcio de bancos inversores BNP Paribas, Bank of America y Bancolombia, con el objetivo de recibir aproximadamente 700 millones de euros.

La decisión ha sido cuestionada porque se presenta en un momento de estrés financiero, como la salida de Telefónica de la región para concentrarse en sus plazas prioritarias, las dificultades por la devaluación del peso colombiano, y la inestabilidad política y social que atraviesa Colombia.

El Decreto 811 fue aprobado y con él se da paso a la posibilidad de privatizar compañías públicas o en aquellas donde el Estado tenga una significativa intervención, aunque no se ha concretado una fecha para iniciar el proceso, prevén que se dé en el 2021, después de que se identifique el mercado adecuado.

Las privatizaciones serían por 12.000 millones de dólares en 2021 y 7.000 millones de dólares en 2022, iniciando un nuevo proceso de enajenación, ya que el primero venció en el 2019 y no fue renovado.

La relación entre Telefónica y el Gobierno está deteriorada por el laudo arbitral que condenó a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (ColTel), es decir, Telefónica Colombia, a pagar más de 1.600 millones de pesos por los activos que fueron usados en la implementación de la telefonía móvil en el país. Además, el Estado ha negado acudir a ampliaciones de capital, pues la compañía en conjunto obtuvo una financiación bancaria de largo plazo por más de 700 millones de euros, que buscaban rescatar un bono híbrido, instrumento de renta fija que es perpetuo y subordinado, y que entrega mayor rentabilidad.

Fuente: Radio 360– Diciembre 21 de 2020

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