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06
Jue, Oct

Telecomunicaciones

Uno de los principales activos que busca vender el Gobierno de Colombia es la participación que tiene en COLTEL, es decir, Telefónica en Colombia, que tiene el 67,5 % del capital, mientras que el Estado colombiano posee un total de 32,5 %.

Hace más de cuatro años el Gobierno ha buscado vender su participación, incluso cuando el expresidente Juan Manuel Santos estaba finalizando su mandato, momento en el que contrataron tres bancas para conocer el valor de inversión que tenía Telefónica, entre las que se encuentran Bank of America, sin embargo, los estudios se perdieron porque el Gobierno Duque no los utilizó y se perdieron.

En este proceso muchos privados podrían haber estado interesados entre 2017 y 2018, pero en la actualidad hay menos grupos que busquen hacerse a esta compra por la actual situación financiera y económica, lo que hace que la inversión del Gobierno se valore en menos.

Esto se suma a un plan de Telefónica – anunciado antes de la pandemia – sobre la intención de vender todas sus filiales en Latinoamérica. El Gobierno del presidente Duque ha tenido esto en su lista de pendientes desde que inició el mandato, pero, claramente, la situación habría tenido un mejor resultado si se hubiese efectuado antes de la pandemia.

El proceso inició en el 2006 cuando el Estado subastó el 50 % de las acciones de Colombia Telecomunicaciones (COLTEL), que terminó siendo ganado por Telefónica, por encima de Carlos Slim.

Esto hace parte del plan de venta del Gobierno para alcanzar mayor recaudo ante el complejo horizonte que ha tenido la reforma tributaria, retirada en los últimos días por las masivas protestas y las voces en contra.

Telefónica vendió inmuebles no estratégicos en diferentes países, por parte de Colombia, la junta directiva de COLTEL aprobó la venta de Toberín y sus instalaciones, por 70.000 millones de pesos (17 millones de euros), firmando un contrato de arrendamiento para el uso del inmueble e instalaciones por un valor mensual de 688 millones de pesos. La transacción se llevó a cabo en diciembre del 2020.

El Gobierno está preparando todo porque es una obligación imperante para concretar la venta en los próximos cuatro meses debido a que necesita los recursos. En las semanas recientes han existido nuevas comunicaciones, por parte del ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, tiene a su disposición toda la información del proceso y conoce el camino a tomar para avanzar, mientras que con el exministro Alberto Carrasquilla el proyecto no llegó a materializarse.

Restrepo indicó hace días que deben seguir avanzando en la estrategia para optimizar la participación de activos de la Nación “para sacarles el mayor provecho”, con el fin de reducir la evasión fiscal.

Liberty Latinoamérica ha estado interesado en comprar la participación, mientras que hace algunos años la OCDE instó al Gobierno a no ser juez y parte, ya que es inconveniente fungir como regulador y al mismo tiempo tener participación en una compañía de telecomunicaciones.

El Gobierno tiene participación en 105 compañías; 40 es participación mayoritaria, en las otras 65 es minoritaria, por lo que no posee el control y solo es un accionista más. Sobre la totalidad de firmas tiene participaciones con un valor patrimonial de 79 billones de pesos que operan en los sectores minero energético y financiero.

Diferentes gremios como la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) y partidos políticos, han coincidido en que, con la venta de activos, Colombia solucionaría problemas fiscales a corto plazo sin necesidad de recaudar más por medio de la eliminación de exenciones de IVA o ampliar la base gravable del impuesto de renta a personas, que fue incluido en la reforma tributaria que retiraron.

Con la enajenación, el Estado recibiría más de $21 billones, que equiparía lo que esperaban recaudar con la reforma fiscal ($23,4 billones).

Fuente: 360 Radio – Mayo 14 de 2021

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